ANUNCIO DE CONSULTA PREVIA PARA MODIFICAR LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA MUNICIPAL POR RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA
EXPTE ALC/2021002022
De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa Municipal por Retirada de Vehículos de la Vía Pública de este Ayuntamiento, se recaba la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en el siguiente cuestionario durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en la sede electrónica municipal, mediante su presentación en cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El marco en el que se plantea la modificación de la Ordenanza es el siguiente:
a) Antecedentes
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa Municipal por Recogida de Vehículos de la Vía Pública publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 24 de fecha 25 de febrero de 2002 y modificación publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 128 de fecha 6 de julio de 2009.
b) Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa
Con la aprobación de la modificación de esta Ordenanza Reguladora de la Tasa Municipal por Retirada de Vehículos de la Vía Pública se pretende dar solución a las situaciones que tienen que ver con:
- Regulación de los usos de las vías urbanas.
- Inmovilización de vehículos en vías urbanas.
- La retirada de los vehículos de las vías urbanas y su posterior depósito cuando obstaculicen, dificulten o supongan un peligro para la circulación.
- Eliminación de residuos, mejorando la eficacia en la protección de la salud humana y del medio ambiente a lo largo del ciclo de la vida de los vehículos.
c) Necesidad y Oportunidad de su aprobación
De acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, es competencia de los municipios las materias de tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Las competencias municipales deben evaluar según la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. Además, deberá ir acompañada de una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad.
d) Objetivos de la norma
Actualizar las tasas establecidas por la utilización de los servicios públicos, al igual que establecer la regulación del régimen aplicable a las distintas situaciones de retirada de vehículos que entorpezcan, dificulten, supongan grave riesgo para el uso normal de las vías o dominio público.
e) Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias
Existiendo ya una Ordenanza municipal reguladora de dicha tasa, no existe una solución alternativa que no sea la de disponer de un marco reglamentario actualizado con las últimas novaciones normativas que se han ido promulgando en la legislación sectorial, por tanto la alternativa más conveniente es la modificación de la ordenanza municipal, regulando las distintas situaciones de retirada de vehículos que entorpezcan, dificulten, supongan grave riesgo para el uso normal de las vías o dominio público, así como la regulación de las obligaciones tributarias de las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria.